Fondos buitre, turistas y alquileres imposibles: ¿qué tipo de ciudad queremos?
La acampada en la madrileña Puerta del Sol y en otras capitales ha desencadenado un terremoto político y ha puesto el foco en la vivienda y en el modelo de ciudad. Los movimientos sociales denuncian que las urbes se están convirtiendo en una mezcla de centro comercial y ‘resort’ turístico. Cobra sentido la idea del ‘derecho a la ciudad’ del sociólogo francés Henri Lefevbre: la urbe es de la gente que vive en ella
“Madrid / nos pertenece / a ti y a mí”. Aplíquese a Madrid, o a cualquier otra ciudad. Es un verso de Biznaga, la célebre banda de punk rock, conocida por sus letras críticas, siempre atentas a los trances sociopolíticos. El pasado domingo 27 de septiembre, en la acampada por la vivienda en la madrileña Puerta del Sol, se comprobó que es uno de los estribillos que, con los brazos en alto, el público más corea. Hay algo ahí que importa.
Buena parte de la ciudadanía quiere saber que la ciudad es en cierta manera suya, sin embargo, los actuales conflictos urbanos en torno a la emergencia habitacional, el desplazamiento de los vecinos de rentas bajas por otros de rentas más altas (es decir, la gentrificación), los procesos de turistificación o la segregación espacial entre clases, hacen pensar que la ciudad está en manos de otros intereses más allá de los que lo habitan. Como en una ola, los expulsados de los centros urbanos colaboran, a su vez, a la expulsión de los que viven en los barrios periféricos, al tiempo que la posesión de una vivienda se convierte en un marcador de clase. Expertos como Javier Gil o Jaime Palomera advierten de una sociedad futura rota entre propietarios e inquilinos, sectores cada vez más separados. Son síntomas de la conversión de la urbe en un producto a rentabilizar.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en conflicto con la empresa Urbagestión, ha puesto el foco, por enésima vez —pero como nunca antes—, en el problema de la vivienda, y también en lo que algunos han definido como la destrucción de la ciudad. “Esto no va solo de vivienda, es que están destruyendo nuestros barrios, nuestras ciudades”, bramó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, al final de la manifestación que culminó en la histórica acampada del sábado 26. Volvía a traer, tres lustros después, los aires de revuelta del movimiento 15-M: allí se encontraban los veteranos, que ya habían ocupado la plaza en su día, con las nuevas generaciones, mejor organizadas y con objetivos más claros, que ansiaban su oportunidad para cambiar las cosas.
El lema de Biznaga, el que la gente corea en los conciertos y lleva estampado en las camisetas, así como el lema de los movimientos vecinales en la España del tardofranquismo y la Transición —“la ciudad es nuestra”—, podrían referirse a un concepto, el derecho a la ciudad, acuñado por el sociólogo y teórico urbano francés Henri Lefebvre en 1968 en el ensayo del mismo título. Ya entonces escribía sobre una clase obrera “rechazada de los centros hacia las periferias, desposeída de la ciudad, expropiada así de los mejores resultados de su actividad”, tal y como sigue sucediendo, incluso a crecientes sectores de las clases medias. Para Lefebvre, la ciudad no es solo un montón de asfalto, acero y cristal, una colección de calles y edificios, sino una forma de vida y un espacio producido por las relaciones sociales.
“El derecho a la ciudad no puede ser comprendido en el marco de los derechos individuales, sino como un derecho colectivo, democrático”, explica la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik, que fue relatora especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada. “Un principio básico de la democracia es la igualdad de las personas en la dimensión pública. Así, el derecho a la ciudad es el derecho a disfrutar de la dimensión pública de la ciudad, de sus oportunidades, de sus equipamientos, de poder circular ampliamente. El derecho a participar en las decisiones sobre el destino de la urbe”. Esto, según la experta brasileña, tiene conexiones con el derecho a la vivienda, que no es poseer “un producto, un techo y cuatro paredes”, sino que incluye una ubicación a partir de la cual se accede al entramado urbano.
La ciudad como mercancía
La economía capitalista, según los defensores del derecho a la ciudad, tiende a reducir la urbe a mercancía, un espacio cuyo valor de cambio prima ante su valor de uso, un activo financiero para un excedente de capital global que busca sacar plusvalías. En las jornadas previas al inicio de la acampada en Sol, coincidiendo con el desahucio de Maricarmen, se celebraba en Madrid la feria de inversores inmobiliarios The District, con la presencia y el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que reunió a 15.000 directivos del sector inmobiliario en la “mayor feria de real estate del Sur de Europa”. Hubo protestas, porque sus críticos vieron el evento como una promoción de la especulación y, por ende, un ataque al derecho a la vivienda y a la ciudad.
Pero la ciudad también es vida, juego, encuentro. Para los surrealistas, anteriores a Lefebvre y aficionados al paseo urbano, la calle era un lugar de encuentro con lo maravilloso, una tradición que continuaron los situacionistas, liderados por Guy Debord, que en sus derivas psicogeográficas investigaban el efecto que la urbe generaba en las personas (las personas crean las ciudades, pero las ciudades condicionan a las personas), dándole un giro crítico, político y de querencia científica. La ciudad, pensaban, debía ser un medio para transformar la experiencia cotidiana. En los años sesenta la célebre activista Jane Jacobs luchó en Nueva York por la vida urbana, defendía la mezcla de usos (trabajo, ocio, residencia) y de personas de toda clase y condición, así como el tamaño humano y la frecuente interacción cotidiana, con pequeños comercios y numerosos “ojos en la calle” que garantizasen la seguridad vecinal, como teoriza en su obra Vida y muerte de las grandes ciudades (Capitán Swing, 2011). Lo que contrasta con el actual vaciamiento de los barrios y las nuevas formas de urbanismo.
El concepto del derecho a la ciudad fue rescatado posteriormente por el geógrafo David Harvey (en su libro Ciudades rebeldes, Akal, 2013): se pregunta quién tiene el poder de producir y transformar la ciudad, a qué intereses responden a los cambios que se producen. Los movimientos sociales denuncian que ese poder está ahora en manos de los poderes económicos en connivencia con los poderes políticos (la feria The District fue percibida como una expresión de esto), en la obsesión por competir en el mercado global de los relatos urbanos sin tener en cuenta la vida de sus habitantes, que son sometidos a la expulsión, a alquileres abusivos, a la destrucción de los lazos vecinales, a la subida de los precios de los artículos de primera necesidad o a vivir en un espacio público dedicado al monocultivo del turismo. La ciudad como una mezcla de parque temático, centro comercial y resort turístico.
¿Se reconoce el derecho a la ciudad? No está recogido expresamente en la legislación española, aunque se encuentren concomitancias en el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho a una vivienda digna, sobre todo cuando dice que los poderes deben regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. ONU-Hábitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, cita el derecho a la ciudad en algunos de sus documentos, como la ya referida Nueva Agenda Urbana, donde se defiende el “ideal de una ciudad para todos”.
Controversias urbanas
Hay críticas: desde algunos puntos de vista este derecho tiene difícil encaje en el papel y se señala su domesticación y pérdida de potencial revolucionario. “Hay quien piensa que el derecho a la ciudad es el derecho a ciertas atenciones públicas o comodidades, pero es algo más amplio y radical: es el derecho a la vida urbana, por ende, el derecho a la vida”, dice el antropólogo Manuel Delgado que acaba de publicar Todas las ciudades están poseídas (Capitán Swing, 2026). “Cualquier tipo de perspectiva progresista tiene que reclamar el derecho a la ciudad, que no se otorga, sino que se conquista, y no hay que esperar grandes y épicas revoluciones, a veces hay revoluciones microscópicas en la vida cotidiana entre dos personas”, añade.
El derecho a la ciudad también puede ser discutido desde otras latitudes ideológicas. Por ejemplo, desde la economía liberal las ciudades son resultado de la libre interacción de los individuos en el mercado, y se pone el acento en los derechos individuales y la libertad, no en el carácter colectivo que presupone este derecho. Los asentamientos humanos serían desde este punto de vista el producto natural del conocimiento disperso y las acciones descentralizadas. La propia Jane Jacobs, gran adalid de la vida urbana, mostró recelos con una planificación desde arriba de la vida urbana, y defendía la complejidad espontánea de una urbe que se construye desde abajo.
“El orden de magnitud ha cambiado desde que Lefebvre teorizó acerca del derecho a la ciudad. Eran ciudades más pequeñas en simbiosis con el entorno rural. Ahora hay una escala global y hay que entender cómo se relaciona la ciudad con sus ciudadanos, pero también con el mundo”, dice Fernando Caballero, autor de Madrid DF (Arpa, 2024). Esa conexión internacional puede hacer que sea difícil garantizar los derechos del ciudadano y que las ciudades ya no sean solo de los que las habitan sino de “una capa global de habitantes y dinero que se mueve por encima de ellas”. Y cree que armonizar intereses, lo macro y lo micro, tiene difícil solución. Otras críticas se preguntan quién es el sujeto que debería ejercer ese derecho, pues quizás no exista algo así como una comunidad urbana bien definida, sino una multiplicidad de sujetos con diferentes deseos y necesidades. ¿Son iguales las diferentes clases, los que viven y los que solo están de paso, los que ya están y los que llegan? ¿Quién tiene mayor derecho sobre los barrios? Y, sobre todo, ¿quién decide lo que es una buena ciudad?
Clases y barrios
El sesgo de clase es otro problema para los defensores del derecho a la ciudad, explica Loretta Lees, geógrafa y urbanista de la Universidad de Boston, autora de Gentrification (Routledge, 2018). “Es evidente que las élites urbanas globales o metropolitanas gozan del mejor acceso a este derecho, al tiempo que se perpetúan las exclusiones de otros sectores de la sociedad”. Según relata a este diario, las clases altas desplazan a las bajas en los procesos de gentrificación o tienden a vivir en urbanizaciones cerradas y altamente controladas, y dominan las instituciones políticas y socioculturales. A los grupos de bajos ingresos, los migrantes y otros grupos racializados, se les expulsa o restringe el acceso. La segregación urbana entre rentas altas y rentas bajas, además, disminuye la empatía y la cohesión social y hace menos probable el desarrollo de políticas igualitarias, como señalan los investigadores Lasana Harris, de la Universidad de Duke, y Susan Fiske, de la de Princeton. La Nueva Agenda Urbana de la ONU, nacida de la cumbre sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible Hábitat III, de 2016 (se celebra cada 20 años), apunta a la segregación espacial como uno de los grandes retos de las ciudades. “Esta situación se repite, en distintos grados, tanto en países autoritarios como democráticos; en ciudades de tendencia derechista, liberal e izquierdista”, observa Lees.
Otra forma de destrucción de la vida urbana, esa vida de tamaño humano y fuerte tejido social, como la que reivindicaba Jane Jacobs, es la forma en la que se levantan los nuevos desarrollos urbanísticos en las periferias de tantas ciudades: urbanizaciones cerradas como grandes transatlánticos, dependencia del coche y del centro comercial, segregación de usos, enormes avenidas donde se dificulta la interacción personal de los vecinos. Una forma de construir que, como señaló el ensayista Jorge Dioni en La España de las piscinas (Arpa, 2021), es funcional a los modos de vida más individualistas. Una vez más, el urbanismo configura a quien lo habita. Y es como si nos hubiéramos olvidado de cómo construir ciudades. “Los viejos barrios se construyeron en algún momento, y debemos pensar en cómo se deben construir los nuevos. En España se construyó durante mucho tiempo con una densidad manejable, manteniendo los bajos comerciales, con acceso por transporte público”, explica el sociólogo Jorge Galindo, autor del ensayo Tres millones de viviendas (Debate, 2025), que opina que debemos eliminar regulación, ir más allá de los “bloques cebra” y no restringirnos a conservar lo que hay, sino pensar cómo será lo nuevo: las dos posturas pueden convivir. “La nueva vivienda hace ciudad, y podemos hacer nueva ciudad”, añade.
La acampada en la madrileña Puerta del Sol y en otras capitales ha supuesto un terremoto en la política que, después de años de conflicto social y creciente hartazgo, ha puesto el foco en la vivienda, y, por ende, en el modelo de ciudad. El problema, con sus particularidades nacionales y locales, tiene dimensiones globales. “Creo que estamos en un momento difícil en el que hay una hegemonía de la financiarizacion de la vivienda y la ciudad, y una absoluta falta de democracia”, dice Raquel Rolnik, “la emergencia de nuevos sindicatos de inquilinos o las luchas por los alquileres permiten imaginar una resistencia global a este poder gentrificador, segregador y negador de derechos”.
Comments
Post a Comment