Trump maniobra para alterar las reglas del voto y ganar las próximas elecciones

A un año de los comicios legislativos, el presidente y sus aliados se preparan con manipulación de mapas electorales, supresión del voto de las minorías y bulos

IKER SEISDEDOS Washington

Los republicanos tratan de distribuir el voto rival en distritos ya perdidos La demócrata California también ha aprobado un nuevo mapa del voto

Un hito importante pasó inadvertido esta semana extraordinariamente cargada incluso para los estándares actuales de la política estadounidense. Entre el aniversario de la victoria de Donald Trump, el triunfo electoral demócrata y el récord de duración del cierre de Gobierno más largo de la historia, no hubo manera de reparar en que el lunes empezó la cuenta atrás de un año para las próximas legislativas. En ellas, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Pero, sobre todo, se dirime la viabilidad de la segunda mitad del mandato de Trump.

Consciente de cuánto se juega en esa cita con las urnas, el presidente estadounidense ya ha lanzado un asalto en diferentes frentes que ha encendido las alarmas ante el temor de que Trump, con la ayuda del Tribunal Supremo, altere las reglas antes (manipulando el mapa del voto), durante (dificultando el acceso a las urnas de las minorías) o después de las elecciones (negando los resultados). ¿El objetivo? Que los republicanos no pierdan la Cámara de Representantes y así los demócratas no puedan poner coto a la agenda del presidente, y quién sabe si plantear un impeachment (juicio político) como los dos que le montaron en su primer mandato en la Casa Blanca.

La parte del plan referida al antes empezó en verano, cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció que redibujaría los distritos electorales de su Estado para quitar a sus rivales cinco escaños. Lo hizo mediante la táctica del gerrymandering, que consiste en crear unidades de votantes demográficamente artificiales y geográficamente imposibles porque benefician a quien está en el poder. La Constitución obliga a ese redibujo, por Estados, cada 10 años, cuando, tras darse a conocer los nuevos censos, se rehacen los mapas electorales para reflejar los cambios poblacionales.

Lo que hizo Abbott se conoce como gerrymandering de medio mandato, porque se practica antes de las elecciones legislativas que parten la presidencia en dos y que suelen ser adversas para el inquilino de la Casa Blanca. Que el mapa de Texas, territorio mucho más diverso de lo que el tópico pinta, ya estaba muy tocado lo demuestra el hecho de que los republicanos se hicieran en 2024 con el 67% de los escaños en Washington cuando solo obtuvieron el 52% de los votos en la elección por representación directa del Senado. Con la nueva manipulación, aspiran a un 80% de la tarta.

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó proponiendo un nuevo mapa en su Estado que asegura a los demócratas cinco escaños. Como el suyo es uno de los pocos territorios en los que los distritos los diseña una comisión independiente, tuvo que someter su plan a referéndum, que salió adelante con un 64% de síes el martes pasado, resultado que afianzó las credenciales de Newsom como posible candidato a las presidenciales de 2028.

El martes fue también el día de las contundentes victorias demócratas en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, que han devuelto al partido la fe en su capacidad para ganar tras un año de crisis de identidad y liderazgo, y que aumentan las posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato (con el Senado, lo tendrán más difícil). Trump reaccionó en la derrota presionando al Capitolio para que apruebe reformas del sistema electoral que atiendan a sus obsesiones con el voto por correo y con la obligación de aportar una prueba de ciudadanía en las urnas.

En marzo, Trump emitió un decreto que, en nombre de la seguridad electoral, recogía esas dos medidas, y otras como la que pide que solo cuenten los votos recibidos antes del día de las elecciones independientemente de las normas estatales. Dos jueces federales le pararon los pies porque, le recordó uno de ellos, “la Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.

A Texas y California le han seguido por el lado de los republicanos Misuri (donde estos se garantizan un representante adicional tras el rediseño), Carolina del Norte (otro) y Ohio (dos más). En todos los casos, el partido de Trump aprovechó su control de los parlamentos estatales para sacar adelante distribuciones en las que la representación de las minorías, con su voto potencialmente demócrata, queda concentrada en menos distritos, que ya dan por perdidos, o diluida en otros de dominio conservador.

El líder de la mayoría republicana en el Senado estatal de Carolina del Norte considera en un comunicado remitido esta semana por su oficina que su gerrymandering era necesario “para proteger la agenda del presidente Trump, que está dándole a los estadounidenses una serie de victorias sin precedentes”.

Michael Li, del Brennan Center for Justice, entidad no partidista de referencia en derecho electoral, explica en una entrevista telefónica que “las guerras del gerrymandering no han terminado aún”, y que seguirán, en vista de que “el Congreso perdió en 2022 la oportunidad de haber terminado con la manipulación electoral con el proyecto de la ley de libertad de voto”.

Li enumera otros Estados que podrían seguir ampliando el campo de batalla (del republicano Florida al demócrata Illinois) y aclara que aún hay tiempo para nuevas manipulaciones hasta poco antes de las primarias, que en algunos lugares empiezan en marzo y se extienden hasta final de verano.

Y en mitad de ese proceso, el Supremo fallará en junio en el caso Louisiana vs Callais, uno de los más importantes del curso judicial. Sus nueve magistrados, seis de los cuales son conservadores y han dado una victoria tras otra a Trump desde su regreso a la Casa Blanca, ya lo estudiaron el año pasado, pero decidieron en junio que lo examinarían de nuevo para aprovechar la oportunidad de meterle mano a la sección segunda de la Ley del Derecho al Voto de 1965, norma trascendental de la democracia estadounidense, porque ilegalizó prácticas discriminatorias —como el cobro de impuestos electorales o las pruebas de alfabetización— para garantizar a los votantes de minorías étnicas o lingüísticas la igualdad de acceso a las urnas.

En su sección segunda, esa ley, que ya fue sometida en 2013 a una histórica revisión, establece que las autoridades locales y estatales no pueden redibujar los distritos si esa manipulación “resulta en la denegación o restricción del derecho al voto de cualquier ciudadano por motivos de raza”. La mayoría conservadora del Supremo, que en 2023 ya tumbó la discriminación positiva en las universidades, escuchó los argumentos orales del caso el 15 de octubre, y dio la impresión de estar dispuesta a debilitar esa sección segunda.

“En la práctica, es posible que los republicanos ganen casi 20 escaños en la Cámara de Representantes”, todos ellos en estados del Sur, explica el profesor de la universidad de Massachusetts Paul Collins, autor de varios libros sobre la politización del Supremo. Además, abonaría un círculo vicioso: al verse excluidas, las minorías no tienen incentivos para implicarse políticamente porque no se reconocen en sus representantes, así que dejan de votar. También está comprobado que alentaría el extremismo: con la competencia, desaparece también la necesidad de encontrarse en el centro para buscar consensos.

“La cosa va mucho más allá de una maniobra de debilitamiento”, opina Lydia Ozuna, que fundó en 2017 una organización llamada Tejanos contra el Gerrymandering. “La ley del derecho al voto sobrevive con respiración asistida. Lo del Supremo sería como quitarle el oxígeno”. Ozuna atiende por teléfono a EL PAÍS desde la gran conurbación de Houston.

“El éxito de esa manipulación electoral depende también de la participación”, argumenta la activista, que sugiere supervisar los planes que Trump puede poner en marcha para las elecciones del año que viene: “Básicamente, obstáculos para acudir a las urnas, como reducir el número de centros para hacerlo, lo que podría derivar en más colas”.

Esas colas nunca son un problema en las zonas rurales, de mayoría republicana. También está el empeño de Trump de limitar la votación a la jornada electoral, frente al sistema actual, a menudo poco comprensible desde la óptica europea, en el que los colegios pueden estar abiertos durante semanas. Cambiar eso entorpecería el sufragio de millones de ciudadanos. A diferencia de lo que sucede en España, las elecciones siempre caen en martes, que nunca es un día festivo, así que muchos tendrían que cogerse vacaciones en un país rácano con ellas.

Estos obstáculos buscan establecer un tablero de juego en el que la “competencia es real, pero injusta”. Es lo que los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way definieron por primera vez en 2002 en un artículo científico como “autoritarismo competitivo” para describir un sistema que otorga a un resultado poco menos que predeterminado la apariencia de una elección democrática.